¿Es justo evitar el juicio por un pago? El caso que sacudió a la Patagonia

Una decisión judicial ha generado polémica en Chubut. La procuradora de fiscalía Janet Davies presentó una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución de la jueza Karina Breckle, quien permitió que Elian Alberto Saucedo, acusado de atropellar y matar a dos personas, evitara el juicio mediante un acuerdo económico.

El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando Saucedo, al volante de un Fiat Uno, impactó de frente contra una moto en la que viajaban Alexis Rojas y Cristian Ramos sobre la ruta 25, entre Rawson y Trelew. Testigos indicaron que el auto se cruzó de carril de manera repentina en medio de una caravana de vehículos que circulaban a baja velocidad. Rojas falleció en el acto, mientras que Ramos fue trasladado en grave estado al Hospital de Trelew, donde murió horas después. Ambos llevaban casco en el momento del choque.

A través de su defensa, Saucedo ofreció $200.000 mensuales durante tres años a las familias de las víctimas, además de aceptar una inhabilitación para conducir por el mismo período y el cumplimiento de ciertas normas de conducta. Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a esta medida.

"La gravedad de un hecho de esta naturaleza implica un interés social en su resolución", sostuvo Davies, quien remarcó que la pérdida de dos vidas humanas requiere una respuesta ejemplificadora por parte de la Justicia. Subrayó, además, que la suspensión del juicio a prueba es una figura legal reservada para delitos de menor gravedad y que no debería aplicarse en este caso.

Los familiares de las víctimas también expresaron su rechazo al acuerdo económico y exigieron que Saucedo se enfrentara a un juicio. "Lo ocurrido fue por imprudencia y destruyó nuestras vidas para siempre", manifestó.

En su presentación, el fiscal sostuvo que aceptar este tipo de resoluciones que obstaculizan el ejercicio de la acción penal y sienta un precedente preocupante. "El juicio oral y público es fundamental para esclarecer lo sucedido y garantizar la justicia", argumentó Davies.

Con estos fundamentos, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el Tribunal Superior de Justicia de Chubut revocara la decisión de la jueza Breckle y ordenare la realización del juicio oral y público. Mientras se espera una respuesta, el caso sigue generando debate sobre los límites de la Justicia y la equidad en la aplicación de la ley. 
(Fuente: ADN Sur)