Suspensión de la obra pública: se suman 7 mil despidos en Formosa y se agrava la situación en el país

Desde la seccional Formosa de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) dieron a conocer el panorama en la provincia que gobierna Gildo Insfrán, con las consecuencias del cese de la obra pública que dispuso al asumir el presidente Javier Milei. Ya son más de 7 mil los obreros que fueron despedidos y podrían ser más.

Al respecto, el secretario general de la UOCRA Formosa, Hilario Martínez, expresó que los más de 80 mil trabajadores de la construcción que están en la calle son producto de la "desfachatez total del Gobierno nacional", y advirtió que «si esto se sigue agudizando, más personas se quedarán sin sus fuentes de trabajo".

En ese sentido, el dirigente a cargo de la regional de la CGT remarcó que "hay que sumar los compañeros que están en la industria metalúrgica de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y los mercantiles, ya que al paralizarse todas las obras empiezan a cerrarse los corralones".

La actual recesión, que implica una fuerte caída del consumo, también afecta de manera directa a la actividad privada de la construcción, ya que "hoy nadie puede arreglar su casa ni comprar una bolsa de cemento". "Ante esa circunstancia, los compañeros no tienen la posibilidad más mínima de conseguir un trabajo particular", planteó.

"Llegará un momento en que esto a va explotar y es lo que está buscando el Gobierno: el estallido, mientras tanto ellos siguen con su política de destrucción del país", alertó Martínez, dando a entender que no hay expectativas de que la situación mejore durante este año, por lo que recordó que la UOCRA nacional está en "alerta y movilización".

Recordemos que la organización sindical que conduce Gerardo Martínez viene de varios conflictos desatados en todo el país, siendo los de las represas en la provincia de Santa Cruz uno de los últimos en la agenda. Sin embargo, en dicha provincia se mantiene la tensión por la posible privatización del yacimiento de Río Turbio, donde la ASIJEMIN y ATE ya sentaron su postura en rechazo.

Fuente: Mundo Gremial