Por qué el DNU atenta contra la clase media
El decreto presidencial es la base para la desregulación de la economía y la aplicación del libre mercado. En apenas tres meses esas políticas generaron 71 puntos de inflación. Los nuevos precios sincerados quedaron en un nivel que millones de personas no pueden afrontar. El consumo y la producción caen en picada.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía que rechazó el Senado es un golpe en la mandíbula de la clase media. Permite un encarecimiento descomunal de las prepagas, los alquileres, las comisiones bancarias, libera los precios en general y elimina controles al poder económico, para empezar. El DNU también es la plataforma para el "sinceramiento" hasta que duela de las tarifas de la luz, el gas, el agua, el transporte y los peajes, y para la privatización masiva de empresas, incluso las que dan ganancias al Estado.
Lo que Javier Milei llama privilegios de la casta, que el decreto busca eliminar de raíz, son los consumos característicos de la clase media, que quedan a merced del mercado. El DNU establece que se alquila según las reglas del mercado, se pagan tarifas de mercado, los combustibles van a precio internacional, aunque el país sea productor de hidrocarburos. Lo mismo que la carne y los alimentos. Manda el mercado. El Estado es el problema, explica el presidente.
Las consecuencias de esas políticas en apenas tres meses de aplicación son catastróficas para las mayorías populares. Y más graves para los más vulnerables y necesitados del auxilio del Estado, a quienes se abandona al punto de cortarles el acceso a alimentos y medicamentos indispensables para vivir.
La situación no mejorará con el tiempo, como sostiene el Gobierno. Al contrario. Será peor, porque el nivel de tarifas de las prepagas, los servicios públicos, los alquileres, los colegios y universidades privadas, las salidas a comer, las vacaciones, los electrodomésticos, los precios de la economía en general quedarán "sincerados". Eso significa que muchos menos podrán pagar esos "valores reales" de la economía, como está ocurriendo en la actualidad.
Los precios se sinceran -o aseguran ganancias extraordinarias a sectores concentrados- y millones caen en la pobreza y la indigencia. La clase media va en ese tren. "Si esta es la realidad, no puedo pagarla", se escuchó en un gimnasio a un cliente que pedía descuento. Es algo que se extiende en la economía. Prepagas, compañías de celulares, Internet y TV paga, entre otras del rubro servicios, intentan morigerar las bajas de clientes con promociones o arreglos particulares.
Inflación
La inflación acumulada entre diciembre y febrero fue de 71,3 puntos (25,5 en diciembre, 20,6 en enero y 13,2 en febrero). Si se quiere aceptar el relato del Gobierno y de los economistas que lo acompañan, esa inflación record de 71,3 puntos en apenas un trimestre fue el costo de sincerar los precios, de terminar con la inflación reprimida. Es el famoso cambio de precios relativos, supuestamente inevitable y esencial para encarrilar la economía.
El punto es que con ese cambio de precios relativos, los salarios, jubilaciones y los ingresos de la enorme mayoría de ciudadanos quedan cada vez más chicos para afrontar semejante montaña de gastos. En conclusión, afuera.
La solución para la inflación que propone Milei es la exclusión. Afuera. Si no hay plata, no se compra, si no hay demanda, bajan los precios. En 2001 pasó eso. Hubo deflación. Antes del estallido del 19 y 20 de diciembre bajaban los precios porque no había consumo.
Lo que no explica Milei es lo que tampoco pudo explicar Fernando De la Rúa: ¿cómo saldrá la economía de la recesión? ¿Cuándo? ¿Cuándo florezca la inversión, en el cementerio de fábricas cerradas, locales vacíos, suba del desempleo y caída del salario? No se ve.
Le hicieron creer
Pero a diferencia de De la Rúa, Milei no promete recuperación. Solo pide resignación y reglas de mercado. No explica cómo desarrollar el país, cómo generar más y mejores empleos, más consumo, más actividad. En campaña dijo que era especialista en crecimiento económico con y sin dinero, que dolarizaría y cerraría el Banco Central. Por ahora no hay novedades.
El discurso está más bien en la frecuencia que inmortalizó Javier González Fraga, presidente del Banco Nación con Mauricio Macri, en mayo de 2016: "Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era todo una ilusión, no era normal".
Lo normal es la liberalización de precios. Así debe funcionar la economía, sostiene el Gobierno. En esa lógica, si el ajuste del gasto público se lleva puesta la cultura, el Incaa o el cine Gaumont es lo de menos. Y si hay que pegarle un palazo en la mandíbula al que protesta, mejor. El núcleo duro de Milei, que es el núcleo duro del PRO y una buena porción del radicalismo, festeja cada palazo a un manifestante como un gol, como supo explicar Baby Etchecopar.
Prepagas
El intento entre infantil y descabellado del Presidente de confundir la realidad con su relato, sin embargo, tiene éxito en un segmento importante de la población, a pesar de las calamidades que se padecen. Pero hay otros que resisten. Un ejemplo son los jubilados y afiliados a las prepagas que soportaron aumentos siderales y en lugar de resignarse, consiguieron amparos en el Poder Judicial en defensa de sus derechos.
El DNU volteó la columna vertebral de la ley de prepagas al permitir los precios libres y quitar la protección sobre personas mayores o con afecciones especiales, que impedía subas de tarifas por esa condición. Ahora hay aumentos según la cara del cliente. Aquel marco regulatorio se aprobó en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la Cámara de Diputados reunió 190 votos positivos, contra 29 abstenciones del PRO y la Coalición Cívica. Fue una de las conquistas más valoradas por las entidades de defensa del consumidor contra los abusos de las empresas del sector.
Ahora Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, postula lo mismo que Milei. El que no puede pagar, que se baje. El cambio de época es una realidad, en eso el Presidente tiene un argumento a favor.
Esa es la justificación para derogar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el Observatorio de Precios, los cupos de exportación que garantizaban el abastecimiento interno, los límites a las comisiones bancarias y las leyes que promovían el desarrollo nacional, como el Compre Nacional y la promoción industrial.
Por eso el DNU atenta, también, contra la clase media.
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