Mendoza

Giro en la causa de los rugbiers franceses: un estigma que podría marcarlos de por vida

Oscar Jégou y Hugo Araudou fueron acusados por una mujer mendocina de haber perpetrado un abuso sexual. La falta de pruebas pone el caso en la posibilidad de una extorsión.

La causa que involucra a los rugbiers franceses, acusados de abuso sexual en Mendoza, experimentó en los últimos días un vuelco significativo. La denuncia inicial de la joven, que generó conmoción tanto en Argentina como en Francia, parece estar cada vez más cuestionada por tener más relato que pruebas. Incluso, la abogada de quien se presume víctima, Natacha Romano, quedó en el foco de los cuestionamientos por la falta de credibilidad que genera el caso con el correr de los días. Y hasta se menciona la posibilidad de que el caso haya sido montado con un fin meramente extorsivo.

El caso y las dudas no son menores y mucho menos las consecuencias: la distancia entre la calificación inicial de monstruos salvajes que cayó sobre los franceses a víctimas de una elucubración directamente criminal es cada vez más corta. Nada es menor en este caso: una denuncia de violación marca de por vida a quien se la hace y puede decretar sobre él la muerte civil en el caso que fuera infundada.

La historia que sucedió esa noche en una habitación con dos jóvenes y una adulta, en ese piso del Hotel Diplomatic que estaba reservado y cerrado para la selección de rugbi francesa podría enmarcarse en un derrotero peligroso en ese sentido.

La Ciudad de Mendoza, además, tiene un recuerdo reciente sobre un caso que impactó y obligó a desestimar una acusación de abuso contra un ciudadano italiano de visita en la ciudad. Zoe Northam, una ciudadana inglesa, lo denunció después de haber paseado por bodegas juntos y regresado a un hostel del centro de Mendoza. Las cámaras de seguridad terminaron sirviendo de prueba para desestimar esa acusación que, de todas formas, le complicaron la vida al italiano.

Este martes debía llevarse a cabo una audiencia clave en la causa que investiga a los deportistas Oscar Jégou y Hugo Araudou. Sin embargo, la denunciante no asistió y presentó una carta en la que hizo alusión a "un apriete psicológico". "Me mataron en vida", sentenció.

Todo esto sucede luego de que los abogados defensores Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Germán Hnatow presentaran un escrito ante el fiscal Darío Nora solicitando el sobreseimiento de los jóvenes imputados con la intención de que queden desvinculados del caso. Mientras, los rugbiers regresaron a Buenos Aires, donde permanecerán a la espera de la decisión de la Justicia.

Inclusive, en caso de que se compruebe la falsedad de la denuncia, las consecuencias para los deportistas franceses podrían ser devastadoras. Más allá del impacto en sus carreras profesionales, el estigma de haber sido acusados públicamente de un delito tan grave puede marcarlos de por vida. La opinión pública, que en un primer momento los condenó sin juicio, podría ser lenta en retractarse, y las redes sociales, amplificadoras de rumores y juicios sumarios, podrían perpetuar el daño.

Es fundamental recordar que toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia. En este caso particular, la presunción parece estar fortaleciéndose a medida que avanzan las investigaciones. Sin embargo, el daño causado a la reputación de los rugbiers franceses ya está hecho y podría resultar irreversible.

Este caso pone de manifiesto la importancia de actuar con cautela ante denuncias de este tipo y de respetar el debido proceso. Asimismo, subraya la necesidad de abordar con responsabilidad la difusión de información en un contexto mediático cada vez más inmediato y globalizado.

Si se confirma que fue una causa armada, será crucial que la sociedad y el sistema judicial reflexionen sobre las lecciones aprendidas, para evitar que algo así vuelva a suceder y para proteger tanto a las víctimas reales como a los inocentes que podrían verse arrastrados injustamente en el torbellino de la opinión pública.

El impacto por una eventual denuncia sin fundamentos socavaría la credibilidad de las verdaderas víctimas de abuso sexual, quienes ya enfrentan enormes obstáculos para que sus denuncias sean escuchadas y tratadas con seriedad. Cada caso falso que se revela no solo deslegitima las experiencias de quienes han sufrido abusos reales, sino que también refuerza estereotipos y prejuicios que minimizan la gravedad de estos crímenes. 

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