Facultades delegadas y privatizaciones: los puntos clave que siguen en la Ley Ómnibus tras los últimos cambios

La Cámara de Diputados continúa debatiendo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con modificaciones significativas que aún mantienen puntos claves para el Gobierno. Del extenso texto original de 664 artículos propuesto por el presidente Javier Milei, apenas subsisten 224 después de las negociaciones con la oposición.

Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente, llegó al Congreso acompañada del vocero presidencial Manuel Adorni. Su presencia se enmarca en la proximidad de la votación, mientras en el recinto los legisladores exponen sus argumentos sobre una ley que el gobierno considera esencial para su gestión.

Aunque el proyecto ha perdido gran parte de su extensión inicial, aún contiene reformas importantes, como la lista de empresas públicas propuestas para privatización, la declaración de emergencia en diversas áreas y facultades delegadas al Poder Ejecutivo. La privatización afectaría a empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco de Inversión y Comercio Exterior, y Energía Argentina, entre otras.

En cuanto a las facultades delegadas, se ha reducido el plazo a un año, con la posibilidad de una extensión adicional. Esto permitiría al Gobierno declarar la emergencia en áreas económicas, financieras, fiscales, tarifarias, energéticas y administrativas, otorgándole facultades legislativas para implementar medidas sin pasar por el Congreso.

El proyecto también contempla la unificación de los entes reguladores de electricidad y gas en el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Además, se establece la simplificación y digitalización administrativa, promoviendo la transparencia y el alivio de cargas y costos en el Estado.

En el ámbito educativo, se mantienen exámenes periódicos para alumnos y docentes, así como el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes permanentes. También se restringirán los actos, programas, obras y servicios en política.

En seguridad, a pesar de la eliminación de varios artículos que modificaban el Código Penal, persisten penas más severas para piqueteros, con multas y hasta 6 años de prisión para quienes obstaculicen la libre circulación vehicular. Se crea una figura penal para quienes dirijan protestas que causen daños o impidan la circulación.

El proyecto, con los cambios actuales, sigue siendo objeto de intensos debates en el Congreso, y la presencia de Karina Milei destaca la importancia que el Gobierno le otorga a esta legislación.