El Gobierno impulsa bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad

Tras conseguir el primer logro legislativo con la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen de los actuales 16 años a 13.

Según datos oficiales, el año pasado un total de 2.197 delitos fueron cometidos por menores de edad. Al respecto, el Gobierno considera que "si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que paguen las consecuencias también como adultos, como puede ser robar o asesinar a otra persona".

En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad mínima de imputabilidad es de catorce años; en Uruguay, trece, y en Brasil, doce.

El proyecto para un para un nuevo Régimen Penal Juvenil fue presentado por los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.

En conferencia de prensa, Bullrich expresó: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia".

> Qué dice el proyecto

Los adolescentes de entre 13 y 18 años que delincan podrán ser privados de la libertad en "establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo".

Establece escalas de penas que van de 3 a 6 años los casos en los que "no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas". En estos casos, también, "la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico".

La iniciativa establece un máximo de 20 años de penas, que al cumplir las 2/3 partes, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

Hay un énfasis especial en la iniciativa en el control de cumplimiento de las penas, en las que incluso se habilita a la víctima a hacer el seguimiento. "El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si es su deseo.

Para las víctimas, establece la atención psicológica y el patrocinio gratuito, detalla el proyecto que ya está en el Congreso.