Denuncian penalmente a Javier Milei, Victoria Villarruel y Tata Yofre

El miércoles, el abogado Javier Garín, conocido por su militancia en la defensa de los derechos humanos y ambientales, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ex titular de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista Yofre. Los acusa de "apología del delito" por sus posturas negacionistas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar instaurada en el país luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Garín reclama que se investigue, además, la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según el escrito, los denunciados "podrían haber incurrido en forma reiterada y sistemática en una justificación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una directa o indirecta reivindicación del terrorismo de Estado y una apología de los criminales condenados por esos delitos".

La presentación sostiene que "es obligación de los funcionarios públicos defender y hacer cumplir el orden jurídico, el cual está erigido en Argentina sobre la base del respeto a los derechos humanos y la condena del Terrorismo de Estado, a modo de un pacto democrático consagrado en la Constitución reformada en 1994".

La denuncia, registrada con el número CFP 1091/2024, recayó en el juzgado federal a cargo de María Servini. Garín, con casi 40 años de profesión, se ocupa de la defensa de los derechos de las víctimas de todo tipo de delitos y las causas ambientales. Además, es autor del Manual Popular de Derechos Humanos.

La denuncia subrayó que "si bien en Argentina no existen normas penales contra el negacionismo, está tipificada la apología del delito y el incumplimiento de deberes, figuras en las que estima podrían hallarse incursos el Presidente y la vice". Así, cuestionó "la minimización del número de desaparecidos, la invocación de un estado de ?guerra' como justificante, la alegación de que hubo "excesos" y no un plan sistemático de exterminio, y el señalamiento de la violencia guerrillera previa como un argumento exculpatorio de los condenados por lesa humanidad".