Cuáles son las 70 normas que el Gobierno quiere eliminar porque limitan la libertad individual

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso la Ley Hojarasca, una de las reformas legislativas que más había anunciado. La iniciativa busca eliminar cerca de 70 leyes de 16 gobiernos diferentes que, según la voz oficial, "restringen libertades".

Así lo informó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desde sus redes sociales. El proyecto apunta a desregular y simplificar el marco normativo actual, en base al análisis de leyes de gestiones anteriores.

En un comunicado, el Gobierno indicó: "Un viejo adagio reza que ‘cuanto más leyes menos justicia'. Al respecto, el jurista norteamericano Grant Gilmore escribió: ‘Cuantas más leyes peor será una sociedad. En el infierno ¡no hay otra cosa que la ley!'".

Además, enumeraron seis motivos para la derogación de diferentes normas:

• Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad.
• Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido.
• Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores.
• Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos.
• Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir
• Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos.

Desde su llegada a la Presidencia, Milei impulsó un fuerte plan de desregulación, que incluyó la anulación de muchos requisitos burocráticos y la aprobación de reformas. Gran parte del plan quedó plasmada en el decreto 70/2023, de diciembre, y en la Ley Bases.

De qué se trata la iniciativa

Desde el Ministerio de Desregulación se informó que, con la Ley Hojarasca, "se derogarán unas 70 leyes, entre otras, de los períodos presidenciales de Isabel Perón; Agustín Lanusse; Juan Domingo Perón; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Néstor Kirchner; Raúl Alfonsín; Arturo Illia; Reynaldo Bignone; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Cámpora; José Uriburu y Raúl Lastiri.

También explicaron los fundamentos por los cuales se tomó la determinación de elaborar esta iniciativa. "Leyes que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad. Leyes que eliminan trámites inútiles y sin sentido. Leyes que fueron superadas, actualizadas y mejoradas por otras leyes posteriores. Leyes que en la actualidad son obsoletas por los cambios tecnológicos. Leyes que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir. Leyes que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos. En definitiva, este proyecto de ley busca lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y, por ende, más justo y una Argentina con mayor libertad", expresaron desde el Ministerio.

Del carnet de mochilero a las palomas mensajeras: las normas que Sturzenegger eliminaría con la Ley Hojarasca

La Ley Hojarasca propone derogar una serie de normas impulsadas durante los gobiernos militares de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, junto con el de Isabel Perón. Se trata de regulaciones como la ley 20.802, que fue sancionada en 1974 y establece el marco para el carnet de mochilero.

Determina su uso obligatorio para "todos los que, con fines turísticos, soliciten la colaboración de terceros para desplazarse dentro del territorio del país con los elementos necesarios para acampar". Se les brinda preferencia para acampar y establece el área de Turismo como autoridad de aplicación.

Otra de las leyes que busca eliminar es la 12.913, que regula la actividad de las palomas mensajeras e impulsa la fiscalización y supervisión de los criaderos a través del Ministerio de Defensa. Se las declara de utilidad pública.

Establece además un reglamento sobre las señales de identificación y determina la inscripción de las aves en un registro, de forma que el Ejecutivo pueda hacerles un seguimiento jurídico en caso de que se vendan. Fija una multa de $200 por incumplimientos.(TN)