El Gobierno nacional despidió a 100 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y remata bienes
La decisión fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Siguen las cesantías a fin de año por parte de la administración de Javier Milei..
El Gobierno Nacional despidió a 100 trabajadores estatales de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA). La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además señaló que el organismo fue creado "por el kirchnerismo para doblegar al periodismo independiente".
Por medio de su cuenta de X, el funcionario, expresó que "desde su creación en el 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo que juntaba denuncias, muchas repetidas con el mismo texto por centenas, en contra de periodistas críticos del kirchnerismo".
Sobre el mismo tema, Sturzenegger, puntualizó que "entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo".
¿Qué pasa con la DPSCA?
Fue creada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios, y entre sus funciones está el "recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios". Además, "La resolución 107 baja la planta de 144 empleados a 40, aliviana la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de percusión", afirmó el ministro.
La Defensoría, que está a cargo de la funcionaria, Soher El Sukaria, depende del Poder Legislativo, por lo que Sturzenegger destacó los esfuerzos que desde la Cámara de Diputados "Está haciendo Martín Menem, para bajar el gasto político en el Congreso". Así también, aseguró que la Defensoría "dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada", y enfatizó que "aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza". Por último, el ministro advirtió que "el Congreso se debe el debate sobre si queremos este tipo de instituciones".