Taxis en Río Gallegos: la enorme caída en sus trabajos por Uber e ilegales y la reforma que reclaman al Concejo Deliberante

Ante la caída de ingresos que afecta al sector de taxis de Río Gallegos, la Municipalidad decidió conceder una prórroga de un año en la vida útil de los vehículos que están al borde de cumplir el límite permitido de 10 años. Sin embargo, el gremio de taxistas continúa pidiendo una ampliación de tres años en la ordenanza, lo que permitiría que los autos más antiguos sigan en circulación ante la falta de recursos para renovarlos.

El lunes se movilizaron   hacia la Municipalidad de Río Gallegos, para presentar una solicitud de eximición temporal de la obligatoriedad de la verificación técnica de las unidades con las que trabajan, es decir, postergarla hasta el año que viene. 

Juan Ojeda, delegado de la Federación de Trabajadores de Taxis, indicó que los efectos de la inflación, sumados al aumento de los costos en combustibles y repuestos, se vieron agravados por la aparición de vehículos que operan a través de Uber y los taxis truchos. Esta situación, dijo Ojeda, ha reducido las ganancias del sector hasta en un 50%, afectando la posibilidad de realizar los mantenimientos e inspecciones obligatorias. "La competencia de Uber y otros servicios nos ha quitado casi la mitad de nuestros ingresos, por lo que pedimos esta flexibilización en la normativa", señaló Ojeda en diálogo con Radio Nuevo Día.

El municipio accedió a otorgar un año adicional de funcionamiento para aquellos vehículos que cumplen con las condiciones de seguridad y están en el límite de antigüedad. Sin embargo, los representantes de los taxistas esperan que el Consejo Deliberante considere una reforma de fondo en la ordenanza, extendiendo a tres años el margen de vida útil de los autos habilitados, lo que permitiría aliviar la presión económica sobre los trabajadores.

Ojeda detalló que, actualmente, los costos de mantenimiento y las inspecciones anuales superan los 100 mil pesos, una suma difícil de asumir sin apoyo externo. Durante la reunión, las autoridades municipales se comprometieron a analizar opciones de financiamiento y subsidios para la renovación de unidades, aunque el acuerdo aún depende de la aprobación del Ejecutivo local.

Además de la prórroga, el gremio busca actualizar la normativa en aspectos específicos como la obligatoriedad de colocar carteles en los techos de los autos, una práctica complicada en una región caracterizada por fuertes vientos que suelen arrancarlos, generando multas y problemas para los conductores.