Santa Cruz: trabajadores de Vialidad Nacional en alerta máxima

En la mañana de este jueves, el programa "Arriba el Día", que se emite por Radio Nuevo Día, realizó una entrevista con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Jacqueline Bórquez. 

La misma se centra en la situación crítica que atraviesa Vialidad Nacional en la provincia, con una fuerte reducción de presupuesto que amenaza con la privatización de las rutas y el despido de trabajadores. 

Bórquez describió el deterioro de las rutas, la falta de insumos y el maltrato laboral por parte de los nuevos directores del distrito 23 en Río Gallegos.

También denuncia la precarización laboral de la mayoría de los trabajadores, quienes trabajan sin contratos permanentes y con la amenaza constante de despido. 

Ella hace un llamado a la comunidad a participar del abrazo simbólico al edificio del distrito 23 en apoyo a los trabajadores viales, con la finalidad de visibilizar su lucha y exigir una solución a la situación.

Las causas de la inestabilidad laboral que enfrentan los trabajadores de Vialidad Nacional en Santa Cruz son múltiples y complejas. 

Según la entrevista la secretaria general del sindicato de trabajadores viales en Santa Cruz, se pueden destacar las siguientes:

Recortes presupuestarios: Vialidad Nacional ha sufrido recortes en su presupuesto, lo que ha limitado su capacidad para realizar obras y mantener las rutas en buen estado. Esto ha generado incertidumbre sobre el futuro de la institución y sus trabajadores.

Amenaza de privatización: Existe la preocupación de que el gobierno nacional esté planeando concesionar o privatizar tramos de rutas nacionales, lo que podría resultar en la pérdida de empleos. Se menciona el caso de Corredores Viales, una empresa que ya opera en otras partes del país y que podría extenderse a Santa Cruz.

Maltrato laboral y persecución sindical: Se denuncian casos de maltrato laboral por parte de los nuevos directores del distrito 23 de Vialidad Nacional en Río Gallegos. Se habla de amenazas de despidos, persecución a través de las cámaras de seguridad y cierre de secciones importantes como la de prensa.

Alto porcentaje de trabajadores contratados: Una gran parte de los trabajadores de Vialidad Nacional en Santa Cruz no tiene planta permanente, sino contratos que se renuevan periódicamente. Esta situación genera incertidumbre y los hace vulnerables a presiones y amenazas por parte de sus superiores.

Falta de voluntad política para otorgar estabilidad laboral: A pesar de los esfuerzos del sindicato, el gobierno no ha mostrado interés en otorgar la planta permanente a la mayoría de los trabajadores. Si bien se logró la incorporación de 900 trabajadores a planta permanente el año pasado, todavía hay más de 3200 empleados con contratos precarios.

Consecuencias de la disminución del presupuesto y la privatización 

La disminución del presupuesto y la amenaza de privatización de Vialidad Nacional tienen consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para la comunidad en general.

Para los trabajadores:

Pérdida de estabilidad laboral: Muchos trabajadores de Vialidad Nacional son contratados y no tienen planta permanente. La disminución del presupuesto y la privatización ponen en riesgo sus empleos.

Maltrato laboral: Se han reportado casos de maltrato laboral por parte de los nuevos directores, incluyendo amenazas de despido y persecución a través de las cámaras de seguridad.

Pérdida de funciones y cierre de secciones: La reducción del presupuesto ha llevado al cierre de secciones importantes, como la de prensa, lo que limita las funciones de los trabajadores.

Salarios insuficientes: Los trabajadores estatales, incluyendo los de Vialidad Nacional, enfrentan dificultades para pagar sus tarifas debido a la inflación y los bajos salarios.

Para la comunidad:

Deterioro de las rutas: La falta de presupuesto para insumos y obras de mantenimiento resulta en el deterioro de las rutas nacionales, afectando la seguridad y la conectividad.

Pérdida de conectividad: Vialidad Nacional juega un papel crucial en la conectividad de los pueblos, especialmente en zonas remotas. La privatización podría poner en riesgo el acceso a estas áreas.

Impacto económico negativo: La pérdida de empleos en Vialidad Nacional afecta la economía local y el sustento de las familias.

Mayor costo de vida: La privatización de las rutas podría llevar a un aumento en los peajes y costos de transporte, impactando el costo de vida de la comunidad.

Es importante destacar que:

La situación actual genera miedo e incertidumbre en los trabajadores, quienes temen perder su fuente de ingresos.

La falta de inversión en Vialidad Nacional pone en riesgo la seguridad de quienes transitan las rutas.

La privatización de los servicios públicos suele beneficiar a las empresas privadas en detrimento del bienestar de la comunidad.

Es fundamental que la comunidad se involucre y apoye a los trabajadores de Vialidad Nacional en su lucha por la defensa de sus derechos y la protección de este importante servicio público.

La situación se relaciona con la situación política del país, ya que los trabajadores denuncian una política de destrucción del estado desde adentro por parte del gobierno actual.

Los trabajadores viales se están organizando a través del sindicato para realizar acciones de protesta, como un abrazo simbólico al edificio del distrito 23 de Vialidad Nacional en Río Gallegos. Esta acción se replicará en todos los distritos del país y en la casa central en Buenos Aires.

También están llevando a cabo una campaña de difusión con panfletos para informar a la comunidad sobre la situación.

A nivel nacional, los secretarios generales de cada distrito se reunirán en una asamblea general para discutir estrategias de acción.

Estas medidas se toman en un contexto de preocupación por la precarización laboral en Vialidad Nacional. Los trabajadores denuncian:

Recortes presupuestarios que afectan la capacidad de realizar su trabajo adecuadamente, como la falta de insumos para el mantenimiento de las rutas.

Amenazas de privatización de miles de kilómetros de rutas.

Maltrato laboral y persecución por parte de los nuevos directores del distrito 23, quienes buscan desunir a los trabajadores.

Inestabilidad laboral, con un gran número de trabajadores que llevan más de 10 años con contratos sin término y sin acceso a planta permanente.

Amenazas de despidos como forma de control y sometimiento por parte de las autoridades.