Santa Cruz: la campaña, con una carta a Vidal, por la inocencia del docente condenado por abuso
En mayo, Juan Pablo Margonari fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual de un alumno de jardín de infantes ocurrido en la institución privada Upsala College, en El Calafate.
En mayo de este año, el docente de Inglés Juan Pablo Margonari fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual simple contra un niño en el Colegio Upsala de El Calafate, lo que sucedió en 2017.
La justicia además lo inhabilitó de por vida para el ejercicio de la docencia,
Desde ese momento y sobretodo luego de la condena, familiares, amigos y colegas del maestro reclaman su inocencia, mediante marchas, firma de petitorios y visibilización del caso.
Facundo Margonari, hermano y abogado de Margonari, junto con los letrados Gabriel Giordano y Sandro Levín, presentaron un pedido de excarcelación que fue denegado.
Pero la campaña continúa e incluyó una carta al gobernador Claudio Vidal, enviada el 21 de julio al mandatario.
Además iniciaron una campaña de recolección de firmas por la plataforma Change.org:
https://www.change.org/p/libertad-para-juampi-verdad-y-justicia-juan-pablo-es-inocente
Y por redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/libertadparajuan/
Instagram: juampiesinocente
X: juampinocente
LA CARTA AL GOBERNADOR
Mediante la presente tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para poner en su conocimiento que los abajo firmantes, y muchos otros comprovincianos que seguramente piensan igual, estamos muy disconformes con el poder judicial de la provincia de Santa Cruz.
Verá Usted Sr. Gobernador, La Cámara Criminal y el Tribunal Superior de Justicia, no hace caso a los plazos ni a las recusaciones que le son presentadas. Es muy notorio cómo "cajonean" expedientes, miran para un costado e incluso muestran la falta grave de compromiso con las partes en el proceso, mas si se trata del imputado, es decir, el prejuzgamiento sin un estudio crítico del expediente es notorio. No responden a los prontos despachos. No consideran alegatos ni pruebas contundentes y privan de libertad a inocentes.
Además es evidente cómo se protegen entre ellos buscando todo tipo de artimañas que recaen en la falta del debido proceso legal, elementos básicos que deben reinar en este poder que delega la población en este grupo de personas no aptas para la función mientras que la sociedad no puede elegir. Vemos profesionales impresionantemente bien pagados por los aportantes de impuestos y los resultados obtenidos son paupérrimos, lentos en extremo y faltos de objetividad.
¿Pueden estos reírse de la sociedad tan burdamente?
El poder judicial, debe rendir cuentas al pueblo que los mantiene con esfuerzo y no el destrato que ejercen. Es notorio, cómo cuidan sus propios intereses olvidándose de la Constitución Nacional y Provincial y los cuidados básicos que este poder debería ejercer en sociedad sanamente y conforme a derecho.
Además de todo lo expresado, el poder judicial es el menos democrático de todos, ya que, independientemente de que ellos deban rendir un examen para luego integrar la terna, la sociedad no puede elegirlos ni verificar cómo llegaron a ocupar los cargos que detentan, ni definir cuánto van a ganar mientras vemos procesos absurdos, para ser sutil. Un claro ejemplo de ello es el caso del docente Juan Pablo Margonari, ciudadano afincado en Santa Cruz hace casi una década con un historial impecable hasta que se vio enfrentado con una Fiscal local quien lo denunció, sin pruebas válidas, por abuso a un menor. Pasaron siete largos años hasta que llegó el juicio ¿A Usted le parece? ¡Siete años! y en la causa sobran elementos más que suficientes para dejarlo exonerado pero la justicia parece un club de amigos que solo cuidan sus intereses.
Además, la injusta e infundada reclusión es en condiciones infrahumanas porque el servicio penitenciario es otro desastre de Santa Cruz. ¡Se lo priva de la libertad a pesar de no haber una sentencia firme!
Mientras que además Juan Pablo Margonari, está enfermo por lo que al menos, si el sistema judicial fuese mínimamente humano debería estar, en todo caso, con prisión domiciliaria. Pero a Juan Pablo se le vino todo el poder "K" encima.
Al principio, hace unos 7 siete años, ni bien recayó la denuncia, Juan Pablo fue recluido injustificadamente por el cuestionado Juez Narvarte de El Calafate, quien dictara la prisión preventiva de Juan Pablo sin elementos probatorios válidos, o en el peor de los casos en una interpretación conveniente para la denunciante, para luego de planteada la apelación a dicha resolución, fuese liberado a los cuatro meses por la Dra. María Florencia González al notar esta, la falta de justificativos para aprisionarlo. Siete años después, fue juzgado por jueces nombrados por la mamá de la denunciante, la cuestionadísima gobernadora Alicia Kirchner, quienes nunca debieron juzgarlo y de hecho se les presentó la recusación por la relación que provoca la automática y evidente falta de parcialidad. La primer fiscal interviniente en la denuncia inicial, era la subordinada directa de la denunciante, quien debía haberse excusado inmediatamente, pero no lo hizo, poniendo en evidencia lo corrompido del sistema jurídico. Pasaron siete años hasta ser juzgado y durante ese lapso, estuvo procesado con los infortunios que eso genera, por lo tanto limitado.
Juan Pablo, nunca tuvo condena social, por el contrario, tuvo y tiene, un fuerte acompañamiento con manifestaciones masivas. Es privado de la libertad "sin sentencia firme" lo que es ¡gravísimo! porque no corresponde al debido proceso. Los jueces al sentenciar, no tienen en cuenta ninguna de las pruebas presentadas que eran contundentes para la defensa. Impresionantemente, desaparece la prueba más importante para que Juan Pablo sea automáticamente dejado en libertad, la cámara Gesell del menor que no fue abusado por Juan Pablo y que no arrojaba resultados incriminatorios. El juicio se hace en Río Gallegos cuando debía hacerse, siguiendo las normas vigentes, en El Calafate y esto no fue, como todo lo demás, un error. Se hizo en Río Gallegos para que a los testigos se les dificulte asistir.
La finalidad de esta misiva es que el Sr. Gobernador intermedie en representación de la sociedad usando todos los medios necesarios, para que los abajo firmantes y sociedad toda sea atendida adecuadamente por este cuestionado Poder Judicial atendiendo la constitución, las leyes, los plazos, la tecnología del siglo XXI y que sean apartadas las personas que han demostrado no estar a la altura de la Santa Cruz justa y objetiva que buscamos todos en materia de justicia.
Sin más con todo el respeto a su investidura, saludamos a Usted respetuosamente esperando se pueda sanear un sistema judicial provincial viciado de malos hábitos. Desde ya cuenta con todo el apoyo de quienes firmamos al pie del presente como buenos ciudadanos que buscan que el sistema republicano de gobiernos sea realmente el que elegimos y queremos en nuestra querida provincia.