Procesaron a Julio Gutiérrez por falsificación y estafa

En la denuncia, Gutiérrez fue señalado por la empresa Secar Security (ex Securitas) como responsable de apropiarse de una suma millonaria correspondiente a los aportes sindicales de sus empleados.

En la denuncia también se imputa a toda la comisión directiva del sindicato: Jorge Clemente Avilés secretario adjunto), Domingo Luis Oscarez, (secretario administrativo y finanzas); Alberto Bernardo Quarta (secretario de actas y organización); Ariel Esteban Farías (secretario gremial); Alejandro Mario Gamboa (secretario de vivienda y turismo); Laura Mariana Potas (secretaria de la mujer); Maximiliano Damián Zapata (secretario de interior); Bruno Nicolás Avilés Agostinelli (vocal titular 1), Cristián Nelson Basualdo titular 2), Juan Eduardo Coronado, (vocal titular 3), Marcelo Soria (inspector de fiscalización de UPSAP) y Julio César Núñez (apoderado legal de UPSAP) por los delitos de falsificación y estafa.

Gutiérrez y su comisión directiva, habrían generado "fraudulentamente un certificado de deuda ideológicamente falso a los efectos de engañar a la Sra. Juez Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín", con el fin de "obtener un beneficio patrimonial indebido" expresa la denuncia.

Así surge del expediente que se tramita en la Justicia Federal de San Martin y que pone al ex ministro de trabajo, diputado del ParlaSur y actual candidato del gobierno de Javier Milei en UPSRA contra las cuerdas. 

Todo inicia a partir de un reclamo en la justicia de Julio Gutiérrez en calidad de secretario general de UPSAP por aportes de la cuota sindical que se supuestamente se debían "de los períodos del 2018 al 2022 respecto de 234 empleados" de Securitas algo que valió el embargo de las cuentas bancarias de la ex multinacional por "más de setecientos veinte millones ($720.000.000)"

Recordemos que las leyes que regulan en la materia le otorgan una presunción de legitimidad a los Certificados que emite una entidad sindical por deuda de cuota sindical, e impide hasta tanto se emita sentencia, que se pueda discutir la verdad o falsedad de Io esgrimido por el sindicato, algo que habría sido utilizado por Gutiérrez "para engañar a la jueza federal y obtener una medida cautelar", argumento Secar.