Pérez Soruco dijo que la CSS está "al límite de un desequilibrio total"

Una de las principales problemáticas que heredó la nueva gestión fue la falta de control sobre las derivaciones de afiliados, particularmente a hoteles de Buenos Aires. 

Pérez Soruco afirma que al asumir había cerca de 170 derivaciones, incluyendo acompañantes, sin un adecuado monitoreo.

En una entrevista para La Vanguardia Noticias, dijo que, ante esta situación, se restringieron los pagos y se renegoció con nuevas cadenas hoteleras para poder brindar alojamiento acorde a las posibilidades financieras actuales de la Caja, que se encuentra "al límite de un desequilibrio total", según sus palabras.

Otro punto crítico es la deuda millonaria que mantienen los municipios con la Caja por falta de pago de aportes y retenciones a los empleados municipales, quienes representan el 23% del padrón y son grandes demandantes de servicios. Pérez Soruco advierte sobre la comisión de un delito penal por parte de los municipios al retener los aportes de los trabajadores.

Si bien se está en un proceso de negociación de las deudas previas a diciembre, la nueva administración no negociará los aportes adeudados a partir de esa fecha. "¿Por qué no lo van a depositar si les ingresan todos los meses?", se preguntó el titular.

En cuanto a las prestaciones, se realizaron cambios en los servicios de salud contratados en Buenos Aires, reemplazando algunos por el Sanatorio Piñeyro, Anchorena y Güemes. También se redujeron los medicamentos ambulatorios cubiertos, pasando de 20 a 7 por afiliado.

Pérez Soruco reconoce que es necesario "reeducar" a los afiliados sobre prácticas que ya no están permitidas, como compartir credenciales para obtener medicamentos para familiares no cubiertos.

Otra prioridad es contener a los afiliados en la provincia mediante prestadores locales antes de derivarlos, para lo cual se está trabajando en sumar más profesionales.

Por último, se encuentran auditando las gestiones anteriores y renegociando deudas con prestadores y proveedores. Asimismo, se controla la compatibilidad entre funcionarios públicos y prestadores de la Caja para evitar conflictos de intereses.