EN RADIO NUEVO DÍA 100.9

"No es privatización": el interventor de YCRT defiende el cambio a Sociedad Anónima

En una entrevista con Radio Nuevo Día 100.9, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo Arriagada, habló de la transformación de la empresa en Sociedad Anónima. El Estado mantendrá el 51% de las acciones, garantizando su control. La medida busca darle previsibilidad a la empresa, mayor autonomía en su gestión y posibilitar la integración de trabajadores y gremios en el esquema accionario. Se abre un período de 180 días para definir nuevos convenios colectivos.

Redacción Nuevo Día
Redacción Nuevo Día
eldiarionuevodia@hotmail.com

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) dará un giro en su estructura legal con su transformación en Sociedad Anónima, una decisión que, según su interventor Pablo Gordillo Arriagada, busca dar mayor previsibilidad y autonomía a la empresa sin perder su carácter estatal. Así lo confirmó en una entrevista con Radio Nuevo Día 100.9 de Río Gallegos, donde explicó los alcances de la medida.

Uno de los puntos centrales del cambio es que el Estado Nacional seguirá manteniendo el control mayoritario con el 51% de las acciones, y aclaró sobre una posible privatización. "No es un vaciamiento ni una privatización. Se trata de un modelo similar al de YPF, donde el Estado sigue siendo el principal accionista", aclaró el funcionario.

Entre los aspectos clave de esta transformación, se contempla la transferencia de bienes del Estado a la nueva sociedad, lo que incluirá créditos, marcas y bienes materiales. Además, se habilitará la participación de trabajadores y gremios a través de acciones clase C, lo que les permitirá tener representación en la toma de decisiones.

Otro punto destacado es que la nueva figura jurídica brindará mayor autonomía a la empresa, facilitando la toma de decisiones sin depender directamente de los cambios en el gobierno nacional. En ese sentido, Gordillo Arriagada destacó que la conducción de la empresa contará con una estructura de tres directores y que el gobierno provincial podría convertirse en un accionista clave dentro del nuevo esquema.

Respecto a la situación laboral, se estableció un plazo de 180 días para que los gremios negocien con el Estado Nacional los nuevos convenios colectivos. Existe la posibilidad de que se adopten convenios por actividad, como sucede en otras empresas estatales que se han transformado en sociedades anónimas. Sin embargo, este punto ha despertado preocupación en los sindicatos, que temen la pérdida de derechos laborales y la flexibilización de condiciones.

El interventor también subrayó que la empresa necesita alrededor de 30 millones de dólares para poner en funcionamiento la usina, lo que permitiría generar ingresos de entre 3 y 4 millones de dólares mensuales. Según afirmó, hay inversores interesados en la reactivación del complejo energético, pero estaban a la espera de definiciones sobre el modelo de sociedad.

En cuanto al futuro de la intervención, Gordillo Arriagada explicó que esta cesará una vez completada la transformación en Sociedad Anónima. No obstante, podría existir un rol transitorio vinculado a la administración de pasivos y cuestiones legales previas a la reconversión.

Finalmente, el funcionario reconoció que la iniciativa genera inquietud entre los trabajadores debido a experiencias pasadas vinculadas a procesos de privatización y despidos. Sin embargo, insistió en que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de YCRT en el tiempo, con una empresa productiva capaz de generar sus propios ingresos y cubrir los salarios con la venta de carbón y la generación de energía.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)

Esta nota habla de:
Últimas noticias de YCRT
PARA LEER

ATE denuncia al Gobierno por el DNU y la privatización de YCRT

ATE denuncia al Gobierno por el DNU y la privatización de YCRT
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda contra el Gobierno Nacional para frenar la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La acción judicial apunta a declarar inconstitucionales los artículos 8 y 9 del DNU 115/25, que modifican el régimen laboral de los empleados. El gremio advierte que estos cambios atentan contra derechos adquiridos y podrían desregular el empleo en la empresa estatal.