La Justicia analiza si autoriza a Lázaro Báez a mudarse a Santa Cruz

 La última vez que fue al Sur fue en 2018, para presenciar el entierro de su madre. Ahora la situación es distinta. El empresario le pidió al Tribunal Oral Federal 4, el mismo que lo condenó por la "ruta del dinero K" que lo autorice a seguir cumpliendo con la prisión domiciliaria en su provincia natal.

El pedido fue realizado en diciembre pasado, antes de la feria judicial, pero trascendió ahora. A través de su abogado, Juan Martín Villanueva, argumentó que en el Sur está todo su núcleo familiar.

El último en regresar a Santa Cruz fue Martín Báez, el mayor de los hijos, que ahora sigue bajo arresto domiciliario en una casa de Río Gallegos. En ese caso, el argumento central fue que se había reiniciado el ciclo lectivo de nivel inicial y primario y "que en el establecimiento educativo al que concurrían los hijos de Martín Báez se había dispuesto el retorno a la presencialidad, por lo que era necesario establecer un nuevo domicilio familiar a los efectos de garantizar el derecho de los niños".

Ante el pedido de Martín, el fiscal Abel Córdoba le pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que confeccione un informe sobre las condiciones sociales y ambientales del lugar ofrecido, el correspondiente informe técnico del domicilio propuesto. Y preguntó si durante el traslado se podía realizar el monitoreo de Báez. La situación se repite.

Una vez que ingresen esos informes, el fiscal opinará y luego decidirá el TOF 4.

En la actualidad, Báez está siendo juzgado por la compra del campo "El Entrevero" y por un terreno, ambos en Uruguay. Al comienzo del juicio, los abogados del empresario K argumentaron que ya fue juzgado y condenado por los mismos hechos en el juicio por "la ruta del dinero K". Pero el debate siguió adelante.

El hecho principal de este juicio es la compra de "El Entrevero", ubicado entre José Ignacio y La Barra. Por ese terreno, de 152 hectáreas, se pagaron USD 14 millones. La operación se hizo a través de la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando Leonardo Fariña se distanció de Báez, y aparecieron en escena el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, el campo quedó a nombre de otra sociedad denominada Jumey SA, presidida por éste último.

En el juicio también se juzga la compra de un terreno en el departamento de Maldonado valuado en USD 320 mil. En esa operación también intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2001 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955. "Se desconoce cómo se instrumentó el saldo restante", sostuvo el fiscal Guillermo Marijuán cuando pidió la elevación a juicio.

La agenda judicial de Báez no tiene descanso. En breve podría sumar otro en la provincia de Chaco por el delito de evasión. El comienzo de ese debate ya se postergó tres veces.