Exámenes toxicológicos a estatales en Santa Cruz: un dirigente llamó "a no hacerse los análisis" y marcó que las "sanciones no están estipuladas"

La reciente resolución del Ministerio de Salud de Santa Cruz de implementar exámenes toxicológicos a los trabajadores estatales desató un fuerte rechazo por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Carlos Garzón, secretario General del gremio, expresó su descontento con la medida, calificándola como "un paliativo sin fondo" que no resuelve las problemáticas estructurales del sistema público ni las dificultades que enfrentan los empleados.

"Nosotros no estamos en contra de los exámenes toxicológicos, pero creemos que deben analizarse en la comisión de convenio colectivo, que es el ámbito legal y democrático para este tipo de decisiones. No sabemos si esto responde a un caso aislado, a un patrón de comportamiento o si hubo algún evento grave que haya generado esta resolución. Si es así, necesitamos saberlo", dijo en diálogo con Nuevo Día. 

El gremialista también cuestionó la falta de claridad sobre el procedimiento en caso de que un trabajador arroje un resultado positivo en los análisis. "¿Qué pasará si un trabajador da positivo? ¿Será despedido? ¿Habrá un abordaje para tratar las adicciones o problemas de salud mental que puedan surgir? Estas son preguntas que el Ministerio no ha respondido. En Santa Cruz, la inversión en salud mental es prácticamente inexistente: hay escasez de psicólogos, psiquiatras y equipos interdisciplinarios para atender estas problemáticas", criticó Garzón.

Además, destacó que la resolución ministerial no tiene peso legal suficiente para obligar a los trabajadores a someterse a los análisis. "En el convenio colectivo no hay sanciones estipuladas para quien se niegue a realizarse el test, y una resolución ministerial no está por encima del convenio. Por eso, hemos llamado a los compañeros a no hacerse los análisis hasta que se debatan en el ámbito que corresponde, con un enfoque integral y no punitivo", agregó.

Garzón afirmó que este tipo de decisiones refuerzan una narrativa estigmatizante hacia los empleados públicos. "Desde el principio del año, hemos visto medidas que apuntan a desprestigiar a los trabajadores estatales, como la implementación de los relojes biométricos. Aunque marcar ingresos y egresos es algo lógico, lo presentan como si los trabajadores no cumplieran con sus tareas. Ahora, con esta resolución, pareciera que quieren instalar la idea de que los estatales son personas incapaces o problemáticas, lo cual es una falta de respeto", expresó.

En este sentido, el secretario general destacó el rol crucial que cumplen los empleados públicos en el sostenimiento de la provincia: "Son los trabajadores estatales quienes mantienen en pie las escuelas, los hospitales y las políticas públicas. En una provincia donde el sector privado ha perdido más de 5.000 puestos de trabajo, ellos son la base del sistema".

Por nota

Desde ATE, ya han enviado una nota formal al Ministerio de Salud rechazando la medida y exigiendo que se suspenda hasta que sea debatida en la comisión del convenio colectivo. Además, el gremio ha recorrido distintas localidades de la provincia, dialogando con los trabajadores y convocándolos a no realizarse los exámenes hasta que se acuerde un marco claro y consensuado.

"Queremos soluciones de fondo, no parches. Si de verdad quieren abordar las problemáticas de los trabajadores, el Ministerio debe trabajar con los gremios y no imponer medidas inconsultas que generan más incertidumbre que beneficios. No podemos aceptar que una resolución ministerial esté por encima de los derechos de los trabajadores", concluyó Garzón.

"Distracción"

Garzón también aprovechó la ocasión para exponer las serias carencias que enfrenta el sistema de salud en Santa Cruz, las cuales, según él, deberían ser la verdadera prioridad del Ministerio. "Faltan profesionales, faltan insumos básicos, y los salarios están un 70% por debajo del costo de vida en la provincia. Ante este panorama, implementar exámenes toxicológicos parece una distracción y no una solución a los problemas reales", señaló.

El dirigente subrayó la complejidad de las adicciones como un tema que no puede abordarse de manera superficial. "Es una problemática social que afecta a la sociedad en su conjunto, no solo a los estatales. Si el gobierno realmente quiere enfrentar el tema de las adicciones, debe hacerlo desde la prevención y el acompañamiento, no con medidas aisladas que solo criminalizan al trabajador".